Tareq Shandab, un abogado de Líbano, presentó una demanda que contra el presidente Bashar Al-Assad la semana pasada en La Haya ante la Corte Penal Internacional (CPI) y tiene por objeto la defensa de los oprimidos y una correcta aplicación de la ley. Shandab, quien tiene un doctorado en Derecho Penal Internacional, añadió la motivación es "es estrictamente legal"; Shandab está actuando en nombre de 12 de sirios, algunos de los cuales viven actualmente en el norte de Líbano que personalmente le pidieron que los representan.
El 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad decidió por unanimidad remitir la situación en Libia desde 15 de febrero 2011 a la Fiscalía de la CPI y un mes más tarde, el Fiscal anunció su decisión de abrir una investigación sobre la situación en Libia. El 27 de junio de 2011, la Sala de Cuestiones Preliminares emitió órdenes de arresto para Muamar Gadafi, Mohammed Abu Minyar, Saif Al-Islam Gaddafi y Abdullah Al-Senussi por crímenes contra la humanidad.
Shandab presentó su caso ante el Fiscal General de la CPI el 12 de abril y en el mismo se acusa a Al-Assad de cometer crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y asesinato; el caso está fundado en documentos sobre los medios de asesinato y tortura utilizados, videos y declaraciones notariales de testigos sobre los crímenes cometidos.
Naciones Unidas había estimado que los civiles muertos durante el primer año del conflicto había superado los 9.000, sin contar a los heridos; si bien ambos bandos –gobierno y rebeldes- han sido acusados de abusos contra los DDHH, en una entrevista a la Alta Comisionado de DDHH de ONU, Navi Pillay, ella sostuvo que ella cree que las fuerzas sirias han asesinado y torturado intencionadamente a niños. Pillay, en la entrevista a la BBC, señaló que ONU cree que el Consejo de Seguridad ya tiene suficiente información confiable para referir al régimen de Al-Assad a la CPI por sus violaciones de los DDHH.
Funcionarios de la ONU han compilado una lista de figuras sirios sospechadas de crímenes de lesa humanidad, pero la oposición de Rusia y China hacen poco probable que termine en la CPI. En un informe de febrero 2012, un panel de tres miembros encabezado por el especialista brasileño Paulo Pinheiro, señaló que las tropas sirias estaban empeñadas en aplastar la insurrección y habían matado a mujeres y niños desarmados, bombardearon zonas residenciales y torturaron a manifestantes heridos en el hospital bajo las órdenes "de los oficiales del ejército y el gobierno” de alto rango.
La oficina del Fiscal de la CPI, tiene una unidad de información y pruebas que pueden recibir las pruebas presentadas por miembros de los órganos públicos o funcionarios, de esta manera la evidencia sobre Siria podría ser presentada a la unidad y esta la mantendría hasta que se inicie una investigación oficial. En el caso de Siria, la CPI no puede hacer nada por el momento ya que Siria no es un Estado Parte en el Estatuto de Roma, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se encuentra bloqueado por los vetos de Rusia y China para remitirle el caso.
Una posibilidad para que prospere una investigación es que alguno de los implicados en los crímenes de guerra salgan del país y viajen a otra jurisdicción –otro Estado- que pueda demostrar que esos individuos ordenaron un ataque directo contra la población civil o de la torturas. Si ese Estado es miembro de la CPI, podría referirse al caso a la Corte y le permitiría a la Fiscalía para investigar la situación allí; si el fiscal encuentra que dos sospechosos con pasaporte de la nacionalidad de un Estado miembro de la CPI, teóricamente esas personas podrían ser acusadas.
Sin embargo, aunque muchos suponen que la documentación sobre violaciones a los DDHH está dirigida a permitir una remisión de los acusados a la Corte Penal Internacional, este paso puede responder más a una presión política para debilitar el dominio de Al-Assad que a genuinos esfuerzos para administrar justicia. En el actual contexto, la posibilidad de negociar una salida del régimen sirio hacia una transición ordenada a cambio de “inmunidad” frente a la instancia de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, es una opción que nadie descarta tal como sucedió en Yemen.
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